El contexto actual del sector se caracteriza por la rápida penetración en los mercados europeos de productos de bajo coste a través de ventas a distancia, principalmente textiles convencionales, comercializados mediante plataformas digitales no comunitarias; el exceso de capacidad industrial y las políticas de apoyo a la exportación como modelo de crecimiento en países del sudeste asiático, que han incrementado la presión sobre los mercados internacionales; y, por último, la reorientación de estos exportadores hacia Europa ante los aranceles o restricciones de importaciones por paquetería en EE. UU., así como nuevas inversiones fabriles en el Norte de África para abastecer plantas de confección.
Sin embargo, el ecosistema textil europeo —que abarca múltiples cadenas de valor tanto convencionales como técnicas— fue reconocido por la Comisión Europea en mayo de 2021 como uno de los catorce ecosistemas estratégicos de la UE, en la actualización de su Política Industrial, en base a criterios de autonomía estratégica. Para la industria europea, los ejes fundamentales son la innovación, la digitalización y una mayor circularidad.
En este contexto, el sector textil europeo se enfrenta al reto de desarrollar su circularidad. Y el español, en particular, al despliegue de la Ley 7/2022 de Residuos mediante el Proyecto de Real Decreto (PRD) para el desarrollo de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para residuos textiles y de calzado. Es importante tener en cuenta que la visión, los objetivos y las estrategias comunitarias en materia de circularidad han evolucionado desde un enfoque meramente medioambiental hacia prioridades como la resiliencia, la competitividad, la descarbonización, el fortalecimiento del mercado interior y la cooperación con socios preferentes.
Desde estas nuevas orientaciones, la Comisión Europea acaba de abrir una consulta pública para la elaboración de un Reglamento sobre economía circular, con el objetivo de reforzar la competitividad de la UE, reducir su dependencia de materias primas vírgenes e impulsar modelos de producción más sostenibles. Esta propuesta busca mejorar la circulación de residuos, productos circulares y materias primas secundarias en el mercado europeo, facilitando así una mayor disponibilidad y demanda de materiales reciclados de alta calidad para la industria manufacturera.
El desarrollo nacional de la RAP debería transponer con rigor la reciente modificación de la Directiva Marco de Residuos, y hacerlo no solo en su “letra”, sino también en su “espíritu”: práctico, equilibrado y constructivo. A la vez, debería anticiparse a los tres objetivos mencionados, como parte de una apuesta clara por una industria limpia. Por razones evidentes —marcas, tejido industrial, capacidades técnicas y posicionamiento internacional—, España puede desempeñar un papel de liderazgo en circularidad textil en Europa.
No obstante, el texto actual del PRD no parece establecer un marco operativo adecuado para esos fines. No favorece la coordinación del ecosistema en su conjunto y anticipa obligaciones que suponen una carga excesiva para el sector, dificultando el cumplimiento de los objetivos europeos e incluso generando efectos contrarios a los deseados. Por todo ello, el Observatorio ha presentado alegaciones.
Uno de los aspectos clave sobre los que conviene reflexionar colectivamente es el modelo operativo propuesto para el ecosistema circular de textil y calzado. El PRD no parece reconocer el valor de los residuos textiles y del calzado como fuente de reindustrialización, innovación y empleo. No se menciona en ningún momento a la industria como potencial receptora de las materias primas secundarias procedentes del reciclaje. Tampoco se proponen modelos operativos para los SCRAP que garanticen un suministro estable de residuos a medio y largo plazo, alineado con los periodos de amortización de las inversiones necesarias. Ni se contemplan medidas que aceleren dichas inversiones en permisos, financiación, construcción, puesta en marcha o desarrollo de mercado.
Otro aspecto relevante es la financiación de las operaciones de recuperación de residuos textiles y de calzado mezclados en la fracción resto de los residuos sólidos urbanos (RSU) municipales desde la entrada en vigor de esta regulación. Actualmente no existen soluciones técnicas viables para el aprovechamiento efectivo de este material, por lo que exigir desde el inicio un esfuerzo económico tan elevado al sector, sin beneficios ambientales proporcionales, resulta poco operativo. En otras categorías de residuos, medidas equivalentes se implementaron décadas después del inicio de su recogida selectiva. Tal vez sería más eficaz impulsar desde los SCRAP la inversión en I+D+i para tecnologías limpias, procesos ecoeficientes y productos sostenibles (ecodiseñados), que serán esenciales a futuro.
Finalmente, el texto aborda cuestiones de difícil justificación regulatoria, como la financiación retroactiva a administraciones locales desde la entrada en vigor del Real Decreto sin convenios previos. Esta medida generaría una gran inseguridad jurídica al dificultar la determinación de los costes reales y podría desincentivar la implicación municipal. También plantea obligaciones como la de habilitar un espacio para la venta de productos reutilizados en establecimientos comerciales de más de 400 m², lo que afecta a la libertad de empresa, alterando modelos de negocio, estrategias empresariales y operativas de los puntos de venta, además de impactar negativamente en las entidades de la economía social.
Un Real Decreto que facilite la expansión del ecosistema circular de forma eficaz, eficiente y adaptada al mercado —con objetivos razonables, prudentes, alcanzables y progresivos— no solo contribuiría a resolver los problemas medioambientales globales generados por esta industria, sino que también reforzaría la resiliencia, la competitividad y la reindustrialización europea.